Tenemos derecho, tenim dret

“Si el independentismo prioriza el conflicto en lugar de la colaboración, la legislatura está acabada e iremos a elecciones” ha dicho el presidente Sánchez desde Nueva York. Pero no se preocupen los independentistas, Sánchez les dará lo que sea para que Uds. sigan “colaborando” y le permitan llegar, con su Gobierno débil, de ultra minoría, hasta 2020. Así ha actuado hasta ahora, dijo que sustituía a Rajoy para convocar elecciones y dar la palabra a los ciudadanos y ya ven la prisa que se ha dado. El estilo de Sánchez, que apoyó el 155, es ya de sobra conocido y muy cuestionado por los referentes y barones constitucionalistas del PSOE. No obstante, el independentismo no ha dejado pasar el tiempo sin responder a las palabras de Sánchez. Torra lo ha dicho de forma rotunda, tanto en español como en catalán “Que sepa el señor Sanchez que no renunciaremos nunca a nuestro derecho de autodeterminación, que no renunciarem mai al nostro dret de autodeterminació” El señor Torra habla de sus derechos y nosotros debemos hablar de los nuestros. El señor Torra y sus “indepes” tienen derecho a hablar de autodeterminación, porque la Constitución española garantiza el derecho a la libertad de expresión, mucho mayor que en otros países europeos en los que los partidos independentistas no están ni permitidos. Nosotros, el resto de españoles, catalanes y no catalanes, tenemos también nuestros derechos. Exigimos que se cumpla en su letra y espíritu el artículo 3 “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos” ¿Qué implica esto? Obviamente que no se pueda multar en Cataluña a nadie por rotular su comercio en español, que se pueda exigir a la Administración de la Generalitat que ofrezca también información y responda en español a quien lo desee y que, por supuesto, se imparta la enseñanza también en español a quien lo desee en los colegios y universidades, etc. etc. Tenemos derecho.

Lamentablemente el Tribunal Constitucional, que también a veces se equivoca, dictó el 4 de julio de 2017 una sentencia que no fue recurrida por nadie, ni partidos ni instituciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  La sentencia, larguísima y contradictoria, termina de forma no explícita aceptando que se pueda seguir multando a los comercios y establecimientos que, en Cataluña, opten por rotular en castellano y, a la vez, no lo hagan en catalán. Sin embargo, si rotulan SÓLO en catalán no son objeto de sanción alguna. ¿Cabe en la cabeza de alguien que, en la Europa de Derechos y libertades, se acepte la vigencia de la norma catalana que permite sancionar a los que rotulan sólo en castellano? ¿Cabe pensar que un comercio pudiera ser multado por rotular sólo en francés en Córcega, o sólo en italiano en Sicilia, o sólo en inglés en Gales? La STC deja una puerta abierta a enmendar esto En ausencia de armonización normativa de la materia por parte del Estado….y sin perjuicio de señalar la posibilidad de que en cada caso se produzca una eventual limitación del ejercicio competencial por la normativa de la Unión Europea en la materia, la Comunidad Autónoma de Cataluña es competente para adoptar una regulación donde se establezca la obligación de que determinados documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comercializados en Cataluña se encuentren también en catalán” Es decir, que la STC deja abierta la puerta al uso la potestad armonizadora del Estado o a una posible normativa europea para frenar este abuso que hace la Generalitat. Sin embargo, por lógica, y en evitación del conflicto que perjudica la convivencia democrática que establece la Constitución, el propio Tribunal debiera haber reconocido la prioridad del “derecho a usar” la lengua castellana en la rotulación, la cual “también” puede ser realizada en catalán.  En fin, un error del TC que sólo deja la puerta a la aplicación del artículo 150 y dictar una ley armonizadora.

Tienen, y tenemos, derecho a expresarnos libremente, pero sin saltarnos el marco jurídico constitucional vigente. En él caben muchas actuaciones. Ya se ha visto el potencial del 155, desaprovechado por Rajoy. Caben leyes armonizadoras en aras del interés general e incluso el derecho a reformar la Constitución, para frenar las desigualdades y la insolidaridad territorial y reconducir lo que no funciona. Felipe González en su reciente y armonioso debate con José María Aznar, hablando de la cuestión catalana dijo “los independentistas deben saber que están más cerca de perder autonomía que de ganar la independencia” Probablemente sea ese el camino que nos exija la convivencia democrática. La Constitución de la Segunda República, leámosla, fue mucho más cautelosa que la actual respecto al tema clave en todo país, de su propia unidad. Tenemos derecho a la convivencia democrática, y por tanto a la libertad, igualdad y fraternidad, y no debemos dejar que nos la impidan.

¡Visca Espanya y viva Cataluña!

 

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